Terminación unilateral del contrato estatal y caducidad

La terminación unilateral del contrato estatal y la caducidad son dos cláusulas excepcionales que permiten a la entidad poner fin al contrato sin el acuerdo del contratista. La terminación unilateral (artículo 17 de la Ley 80 de 1993) procede por causales objetivas y no es sanción. La caducidad (artículo 18) sanciona un incumplimiento grave e inhabilita por cinco años.

Las dos hacen parte de las cláusulas excepcionales al derecho común previstas en los artículos 14 a 19 de la Ley 80, junto con la interpretación y la modificación unilaterales. Conocer sus causales y sus límites es indispensable para cualquier contratista, porque sus efectos pueden ir mucho más allá del contrato afectado.

Cuándo aplican las cláusulas excepcionales

El artículo 14 de la Ley 80 de 1993 ordena pactar estas cláusulas en ciertos contratos, como los de obra, los de prestación de servicios públicos y los de explotación de bienes del Estado, y permite pactarlas en otros, como suministro y prestación de servicios. También excluye su aplicación en algunos contratos, por ejemplo los interadministrativos. Revise siempre si su contrato las incluye. Para el marco completo, vea la guía de la Ley 80 de 1993.

Terminación unilateral: causales del artículo 17

La entidad puede terminar unilateralmente el contrato en estos casos:

1. Cuando las exigencias del servicio público lo requieran o la situación de orden público lo imponga.
2. Por muerte o incapacidad física permanente del contratista persona natural, o por disolución de la persona jurídica contratista.
3. Por interdicción judicial o declaración de quiebra del contratista. Hoy debe leerse en armonía con el régimen de insolvencia vigente.
4. Por embargos judiciales del contratista que afecten de manera grave el cumplimiento del contrato.

En los casos de los numerales 2 a 4, la ley permite que la ejecución continúe con el garante de la obligación. Además, el artículo 45 de la misma ley obliga a la entidad a terminar el contrato cuando se configuran ciertas causales de nulidad absoluta, como celebrarlo con personas inhábiles.

Efectos de la terminación unilateral

La terminación unilateral no es una sanción ni supone, por sí sola, incumplimiento del contratista. La entidad debe pagar lo ejecutado y liquidar el contrato. Cuando la causal es el servicio público o el orden público, la jurisprudencia ha reconocido que el contratista puede tener derecho a que se le reconozcan los perjuicios que esa decisión le cause, lo cual debe analizarse en cada caso.

Caducidad: el artículo 18

La caducidad procede cuando se presenta un incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencie que puede conducir a su paralización. Los tres elementos son concurrentes:

• Incumplimiento de obligaciones del contratista.
• Afectación grave y directa de la ejecución.
• Evidencia de que puede llevar a la paralización.

La entidad la declara mediante resolución motivada, da por terminado el contrato y ordena su liquidación en el estado en que se encuentre. Leyes especiales prevén otras causales de caducidad, por ejemplo ceder a amenazas de grupos al margen de la ley o incumplir ciertas obligaciones con el sistema de seguridad social.

Efectos de la caducidad

La inhabilidad es el efecto más grave: durante cinco años el contratista no puede participar en procesos ni celebrar contratos con entidades estatales. Si el contrato se ejecuta en consorcio o unión temporal, los efectos de la caducidad pueden alcanzar a sus integrantes, por lo que conviene revisar con cuidado con quién se asocia. Vea las reglas en la guía de consorcios y uniones temporales.

El procedimiento: debido proceso

Como la caducidad implica declarar un incumplimiento, la entidad debe garantizar el debido proceso. La práctica y la jurisprudencia la vinculan con el procedimiento de audiencia del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011: citación con los hechos y el informe del supervisor o interventor, descargos, pruebas, decisión motivada y recurso de reposición. Ese procedimiento se explica en la guía de cláusula penal y multas.

Cómo defenderse

1. Verifique la vigencia del plazo. Si el contrato ya venció, la caducidad no debería proceder según la jurisprudencia del Consejo de Estado.
2. Desvirtúe la gravedad. Un retraso o un incumplimiento parcial no basta: la entidad debe probar que amenaza con paralizar el contrato.
3. Demuestre causas no imputables. Incumplimientos de la entidad, demoras en pagos, falta de diseños o predios, fuerza mayor.
4. Presente un plan de choque. Mostrar capacidad real de cumplir puede llevar a la entidad a optar por medidas menos gravosas, como multas.
5. Involucre al garante. La aseguradora puede asumir la ejecución o aportar argumentos.
6. Interponga el recurso de reposición y, si es necesario, acuda a la jurisdicción contencioso administrativa dentro del término legal.

Errores frecuentes

• Dejar sin respuesta los requerimientos del supervisor o interventor, que luego sirven de prueba en su contra.
• Paralizar obras o servicios como medida de presión frente a la entidad.
• No documentar los incumplimientos de la entidad durante la ejecución.
• Ceder o subcontratar sin autorización.
• Subestimar la inhabilidad: afecta a todo su negocio con el Estado, no solo a ese contrato.
• No dejar salvedades en la liquidación del contrato que sigue a la terminación.

Si la entidad le anunció una posible caducidad o una terminación unilateral, actúe de inmediato. Nuestro equipo de abogados en contratación estatal puede evaluar su caso y preparar la defensa antes de la audiencia.

Este artículo es informativo y no reemplaza una asesoría jurídica sobre su caso particular.